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El traslado se realiza a través de un procedimiento de entrega supervisada por las autoridades españolas y del país que solicita la extradición.
Una vez que termina la etapa judicial, se turna el asunto dependiendo de cada país a otra Instancia en donde el Estado requerido resuelve sobre la procedencia de la extradición.
En referencia al mismo hemos de decir que tiene un alcance limitado pues solamente se aplica a los twelve Estados que son parte del mismo[seven]. Y en segundo lugar, que tiene como fin la de permitir al ciudadano aceptar la extradición nada más practicarse su detención.
Si bien la negociación y firma de acuerdos de extradición puede llevar tiempo, es importante promover activamente la celebración de estos acuerdos con los países con los que España no tiene actualmente un acuerdo.
Una vez que termina la etapa judicial, se turna el asunto dependiendo de cada país a otra Instancia en donde el Estado requerido resuelve sobre la procedencia de la extradición.
Es importante tener en cuenta las leyes y políticas específicas del país en cuestión para evaluar la viabilidad de la extradición basada en la nacionalidad del fugitivo.
Esto implica trabajar estrechamente con las autoridades del país en cuestión para recopilar pruebas, realizar investigaciones conjuntas y garantizar que se siga el debido proceso legal.
Y hay que recordar que en 2015 el gobierno danés general publicó anuncios en algunos diarios extranjeros en los que dejaban claro que los refugiados no eran bienvenidos en ese país.
De no llegar a tiempo esta decisión al Juzgado o en caso de ser negativa, el Juez Teacher viene obligado de nuevo a poner en libertad al ciudadano si se encontrase en una situación de prisión provisional (art. 10 LEP).
Por su parte, la extradición penal se refiere a la entrega de personas acusadas de delitos comunes, como el tráfico de drogas this contact form o el fraude.
Caso Metástasis: lo que viene en el proceso penal y los coletazos que deja en la política nacional
Se han establecido salvaguardias adicionales para garantizar que las personas reclamadas tengan acceso a un juicio justo y que no se les someta a tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Si consideramos que las Autoridades españolas no han revisado estos hechos presuntamente delictivos, que siempre existe la posibilidad de error en la imputación; que los cargos que se le imputan al ciudadano en esta fase son en la mayor parte de los casos provisionales, es decir meros alegatos de la acusación, y de que dicha información al entrar en el mundo electronic es muy difícilmente borrable, deviniendo en casi eterna, nos encontramos con que se le puede causar al ciudadano en vías de extradición un grave daño.
Estas leyes son necesarias para garantizar que los delincuentes no puedan escapar de la justicia y para brindar justicia a las víctimas de delitos.
